Cuando el 24 de diciembre de 1936 el entonces coronel Manuel Savio asumió la Dirección General de Materiales del Ejército (DGME), tenía muy en claro lo que pretendía: satisfacer la demanda de materiales destinados a la defensa nacional. Con la experiencia recogida en su seno y desde donde a partir de 1923 se había impulsado la creación de fábricas militares ante la falta de industrias privadas específicas, preparó el proyecto de ley para fundar la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). Luego de prolongados estudios, la definió en septiembre de 1937 e ingresó en el Congreso en marzo de 1941. Allí se la sancionó como ley 12709, en septiembre del mismo año y al mes siguiente la promulgó el Poder Ejecutivo.
Al idear la DGFM, Savio sustituyó sugestivamente la palabra fábrica. Pensaba en un organismo que produjese para la economía y la defensa nacional a través de terceros, sin tener ninguna empresa propia. Su misión específica era simplemente la movilización industrial, pero no con vistas a un determinado conflicto bélico, sino como tema permanente. Así, dio un impulso decisivo al proyecto de creación de una industria siderúrgica nacional.

También, Savio incluyó un capítulo sobre exploración y explotación de minas que, como él mismo definiría, “creó una verdadera revolución al hacerlo por intermedio de FM; es decir, del Estado”. Los resultados no tardaron en aparecer: el hierro de Puesto Viejo, al sur de Palpalá, en Zapla (donde luego, nacieron los Altos Hornos Zapla y la planta experimental de Palpalá); las arcillas y caolines bonaerenses; el uranio de Comechingones y de la mina Soberanía, de Mendoza; el cobre de Los Aparejos, en Tinogasta, Catamarca; el mineral del Paramillo, de Uspallata, Mendoza; la mina de hematita La Santa, Pastos Grandes, Salta, y el cobre y la rodocrosita de Minas Capillitas, entre otras. La carencia de neumáticos durante la Segunda Guerra había creado enormes dificultades al país y así surgió la Sociedad Mixta Atanor, que si bien no pudo resolver la producción de caucho sintético, empezó a satisfacer la demanda de agua oxigenada, cloro soda, metanol y soda cáustica.

Desde 1941 a 1979 la DGM concretó 10 fábricas militares, dos establecimientos, un centro forestal, participación en siete sociedades anónimas mixtas, tarea de exploración minera en el sector antártico argentino, en Bajo de la Alumbrera, en el distrito minero Nevados de Famatina, en los salares de la Puna, en Salta, Jujuy y Catamarca, Rocas Básicas, San Luis y fue hasta proveedora de la batea, torre y cañón del TAM (Tanque Argentino Mediano). Todos estos esfuerzos quedaron sintetizados en la ley 12987 -conocida como Ley Savio-, que en 1947 aprobó el Plan Siderúrgico Argentino y la constitución de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (Somisa). El General Juan Enrique Gugialmelli resumió en pocas palabras la monumental obra de Savio: “Una faena, en síntesis, singular y fundamental ya que hacía nada más ni nada menos que a la real y efectiva liberación nacional al atacar en una área clave del quehacer nacional: lo económico”.

Decadencia y presente
Con los años las sombras cayeron sobre la DGFM. El cierre y traspaso al ámbito privado de sociedades y fábricas militares produjo la caída de sus producciones por sucesivas reducciones presupuestarias, escasa demanda interna y falta de requerimientos externos. Fueron declaradas “sujetas a privatización”, empresas, sociedades y establecimientos que operaban en el Ministerio de Defensa. Es historia conocida. Recordemos que en 1992, para reestructurarla y privatizarla se gestionó un préstamo de 300 millones de dólares ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-Banco Mundial). Sin embargo, lo paradójico es que en aquel momento poco se investigaron los motivos que tuvo el gobierno para desalentar la venta de 500 vehículos bélicos a los Emiratos Arabes Unidos, lo que hubiera significado un ingreso de 1.000 millones de dólares.
El 29 de abril de 1996 la DGFM pasó a ser controlada por la Secretaría de Coordinación del entonces Ministerio de Economía y Obras Públicas, donde decidieron continuar con la racionalización, administrando los recursos y

las erogaciones a fin de alcanzar un equilibrio económico-financiero. Luego, fue transferida al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Plafipys) y languideció como organismo descentralizado de la Secretaría Legal y Administrativa de la cartera de Economía y Producción. Allí recaló en 1996, supuestamente para su privatización.
Tras la salida de la convertibilidad, en 2002, la DGFM incrementó sus volúmenes de producción y ventas por los convenios con las Fuerzas Armadas para proveer y reacondicionar materiales bélicos; el recambio y aprovisionamiento de armas y municiones para las policías provinciales, y la recuperación del mercado interno de municiones para los segmentos deportivo, de caza y defensa. Obtuvo, además, contratos para fabricar y enviar armas a los Estados Unidos, Brasil y Paraguay y hasta intentó recuperar posiciones en América Central y Europa. Finalmente, por decreto del PEN, desde 2006 está en manos del Ministerio de Planificación.
Como corolario, tantas décadas después todavía suenan las palabras de Savio dichas en 1946 con una asombrosa actualidad: “La del acero es una industria básica sin cuyo desarrollo no puede considerarse que un país ha alcanzado su independencia económica. Incluso se comprueba la verdad opuesta: cuando menor es el desenvolvimiento de esta industria, mayor es la dependencia que se tiene del extranjero, con las graves consecuencias que de estas circunstancias se derivan”.